El profesional en Desarrollo Familiar tiene los siguientes derechos:
Ser respetado y reconocido como profesional social.
Recibir protección especial por parte del empleador que garantice su integridad física y mental, en razón de sus actividades profesionales como lo establece la Constitución y la Ley.
Ejercer la profesión dentro del marco de las normas de ética vigentes.
Contar con el recurso humano, tecnología e insumos adecuados y necesarios para el desempeño oportuno y eficiente de su profesión.
Ejercer su derecho de objeción de conciencia.
Además, todos aquellos que están contemplados en la normatividad vigente y los demás que lleguen a desarrollarse en la dinámica de la profesión.