Los Ministros, como jefes superiores de la Administración, y los Gobernadores, como agentes del Poder Ejecutivo, pueden ejercer, bajo su propia responsabilidad, determinadas funciones de las que corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa, según lo disponga el Presidente.
Las funciones que pueden ser delegadas serán señaladas por la ley.
La delegación exime al Presidente de responsabilidad, la que corresponderá exclusivamente al delegatario cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar el Presidente, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.