El funcionario o empleado público o persona que transitoriamente desempeñe funciones públicas, que a sabiendas dictare sentencias, resoluciones o dictámenes contrarios a la ley, expresa o manifiestamente injustos, o rehusare, negare o retardare un acto propio de sus funciones, por simpatía o animadversión hacia los interesados, incurren en prisión de seis meses a cinco años.
Si se tratare de sentencia en juicio criminal, la pena será de dos a ocho años de presidio.