Estudio. El instituto elaborará un estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia y funcionalidad étnica y cultural de las tierras de las comunidades, que versará principalmente sobre los siguientes asuntos:
Descripción física de la zona en la que se encuentra el predio o terrenos propuestos para la constitución o ampliación del resguardo.
Las condiciones agroecológicas del terreno y el uso actual y potencial de los suelos, teniendo en cuenta sus particularidades culturales.
Los antecedentes etnohistóricos.
La descripción demográfica, determinando la población objeto del programa a realizar.
La descripción sociocultural.
Los aspectos socioeconómicos.
La situación de la tenencia de las tierras, especificando las formas, distribución y tipos de tenencia.
La delimitación del área y el plano del terreno objeto de las diligencias.
El estudio de la situación jurídica desde el punto de vista de la propiedad de los terrenos que conformarán el resguardo, al cual se adjuntarán los documentos que los indígenas y terceros ajenos a la comunidad aporten y que les confieran algún derecho sobre el globo de terreno delimitado.
Un informe relacionado con la explotación económica de las tierras en poder de la comunidad, según sus usos, costumbres y cultura.
Un informe sobre el cumplimiento de la función social de la propiedad en el resguardo, según lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 85 de la Ley 160 de 1994 y el presente título, indicando las formas productivas y específicas que se utilicen.
Disponibilidad de tierras en la zona para adelantar el programa requerido, procurando cohesión y unidad del territorio.
Determinación de las áreas de explotación por unidad productiva, las áreas comunales, las de uso cultural y las de manejo ambiental, de acuerdo con sus usos y costumbres.
El perfil de los programas y proyectos que permitan el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la comunidad objeto de estudio.
La determinación cuantificada de las necesidades de tierras de la comunidad.
Las conclusiones y recomendaciones que fueren pertinentes.
(Decreto número 2164 de 1995, artículo 6°)