El Gobierno queda autorizado para suspender o rebajar cualquier gravamen que afecte a la industria minera, a la importación de sus maquinarias y materias primas, o a la exportación de sus productos, de acuerdo con las necesidades de la industria y con los intereses de la economía nacional.
Igualmente el Gobierno queda autorizado para rebajar el canon de las participaciones en las concesiones que se contraten en el futuro sobre aluviones de bajo tenor.