la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su calidad de garante de la transparencia del proceso electoral, deberá promover el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas libres de toda forma de discriminación y violencia.
En tal sentido, la Registraduría deberá:
Dar traslado oportunamente a las autoridades competentes de cualquier hecho de violencia contra mujeres en política durante los procesos electorales de los que se tenga conocimiento.
Concurrir con el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces en la consolidación del mecanismo que se defina para la identificación y registro de los casos de violencia contra las mujeres en política.
Diseñar e implementar una política pedagógica sobre participación ciudadana y política libre de violencia contra las mujeres.