Como sujeto procesal, el investigado tiene los siguientes derechos:
Acceder a la investigación.
Designar defensor.
Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del fallo de primera instancia.
Solicitar y aportar pruebas o controvertirlas, e intervenir en su práctica.
Rendir descargos.
Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.
Obtener copias de la actuación.
Presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera instancia.
Cuando el investigado carezca de recursos económicos para designar defensor, podrá solicitar ante el Tribunal la designación de un defensor público, un defensor de oficio o estudiante de consultorio jurídico.