Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra:
El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención.
La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad.
El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización.
La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad.
El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre.
Las guerras y los conflictos armados internos.
El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley.
La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria.
La situación de vida en calle de los niños y las niñas.
Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin.
El desplazamiento forzado.
El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación.
Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT.
El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su expectativa de vida.
Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia.
Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren.
Las minas antipersonales.
La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual.
Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos.
El desamparo derivado por la pérdida de la madre o mujer que tenga la patria potestad o custodia legal víctima del delito de feminicidio.