El que por medio de amenazas o violencias o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, y con el fin de procurarse para sí o para un tercero un provecho ilícito, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición, cosas, dinero o documentos capaces de producir efectos jurídicos, incurre en prisión de ocho meses a cinco años.
En idéntica sanción incurre el que por los mismos medio obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.