El defensor público tendrá derecho a:
1.
Ejercer su labor con independencia. Sin embargo, podrá intercambiar opiniones técnicas en el ámbito del Sistema Nacional de Defensoría Pública a fin de lograr una defensa eficaz.
2.
No ser relacionado con las causas ni con los usuarios a los que representa como consecuencia del desempeño de sus funciones.
3.
Ser tratado con respeto.
4.
No ser objeto de amenazas de ningún tipo. Las autoridades proporcionarán protección a los defensores públicos cuya seguridad personal sea amenazada a causa del desempeño de sus funciones.