Los Decretos y resoluciones de los Gobernadores pueden ser declarados inexequibles, a petición de cualquier ciudadano, por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, cuando sean contrarios a la Constitución y leyes de la República o a las ordenanzas departamentales, o cuando violen derechos civiles.
Las sentencias de los Tribunales, en este caso, serán apelables ante la Corte Suprema de Justicia.