El Ministerio del Interior y de Justicia presentará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público las necesidades financieras y de recursos presupuestales para la ejecución del programa de protección a víctimas y testigos en el marco de la Ley 975 de 2005.
Parágrafo 1
La Fiscalía General de la Nación atenderá el Programa de Protección en lo que le corresponda con los recursos presupuestales que se le asignen.
Parágrafo 2
Mediante la suscripción de convenios interinstitucionales, el Ministerio del Interior y de Justicia trasladará los recursos necesarios para la ejecución de las medidas de protección establecidas en el presente decreto, a cargo de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional.