Autorízase al Poder Ejecutivo para organizar la administración y recaudación de las rentas e impuestos nacionales; para fijar la jurisdicción y funciones de los empleados públicos que hayan de intervenir en tales actividades; para señalar el personal, sus asignaciones y honorarios dentro de las partidas globales incluidas en el Presupuesto vigente; para establecer sanciones en los casos de contravención a las disposiciones reglamentarias que dicte, y, en general, para dictar las medidas que estime convenientes en orden a hacer eficaz la administración y recaudación de los impuestos y rentas nacionales.
De esta autorización hará uso el Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre del corriente año.