Para el diseño, expedición y ejecución de esta Política Pública de Bienes y Servicios Públicos Rurales se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:
Propiciar el acceso progresivo a la propiedad rural en forma individual o asociativa.
Enfoque territorial, de género, etario, diferencial, intersectorial, poblacional y de respeto por los derechos de los ciudadanos en todo el proceso de conformación y aplicación de la política pública.
Esta política deberá ser formulada en concordancia con los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia y lo concertado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, específicamente, los principios de la reforma rural integral y las medidas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (Punto 1.2) y Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (Punto 1.3)
Los principios de solidaridad, dignidad, no discriminación y paz.
Universalidad, indivisibilidad, interrelación e interdependencia de los derechos humanos.
Revalorización de lo rural.
Utilización de tierras con vocación agrícola que no han sido sembradas.
Desarrollo rural y la conservación y protección del medio ambiente.
La coordinación y articulación vertical y horizontal entre diferentes niveles de gobierno y políticas públicas.
Garantías y condiciones dignas para atraer y conservar a la población en la zona rural.
Creación, impulso y fortalecimiento de las organizaciones y gobiernos rurales o la creación de capital comunitario.
Búsqueda de Seguridad Alimentaria a través de medidas que se fundamenten y generen soberanía alimentaria en todo el país, las cuales se podrán articular con los bancos de alimentos.
Autonomía y participación de los actores del sector rural en el planteamiento, diseño y ejecución de planes y programas de bienes y servicios públicos rurales, así como el seguimiento y control de los mismos.
Impulsar la tecnificación del campo a través de la articulación del sector público, privado y organizaciones de cooperación internacional.
Conectividad vial y digital.
Comercialización agropecuaria con diferentes medidas que pueden incluir la implementación de ruedas de negocios virtuales o presenciales a nivel nacional e internacional que permita a los pobladores rurales la comercialización de bienes o productos agropecuarios.
Promoción de incentivos para la oferta de servicios, aspectos logísticos de transporte, empaque y manipulación de bienes y el fortalecimiento de la infraestructura de las plazas de mercado municipales que faciliten la comercialización de productos agropecuarios.
Priorizar la vinculación de niños y niñas, jóvenes, mujeres, madres cabeza de hogar o en embarazo, personas con discapacidad y sus cuidadores, adultos mayores, población víctima del conflicto armado, población LGTBIQ+, y comunidades étnicamente diferenciadas (pueblos indígenas, comunidades negras, afro-colombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano). En el caso de las comunidades étnicamente diferenciadas, se garantizará el derecho fundamental a la consulta previa y, cuando corresponda, el consentimiento previo, libre e informado, conforme a los estándares nacionales e internacionales aplicables.
Gestión eficiente de los recursos hídricos.
Diagnóstico e interpretación de la sociedad rural.
Estímulos a la economía agro-empresarial y de solidaridad asociativa.
Priorizar la financiación de programas de bienes y servicios públicos rurales.
Sustentarse en la eficiencia económica y en las nuevas herramientas para la ruralidad buscando innovación agropecuaria.
Incorporar a la población que se encuentre dentro del marco de los acuerdos de paz, generando que el campo sea la alternativa segura para las víctimas y quienes decidieron dejar las armas.
Capacitación y formación pertinente y actualizada para los pobladores rurales. Promoviendo programas educativos que incluyan énfasis en tecnología e innovación rural, manejo de recursos naturales, y procesos de emprendimiento.
Implementación de prácticas agroecológicas, a través de la articulación entre la diversidad y sinergia de sistemas agroecológicos, la mayor eficiencia en el uso de recursos, la creación conjunta y el intercambio de conocimientos, la cultura y las tradiciones alimentarias y agrícolas, la economía circular y la gobernanza responsable.
Protección de los recursos naturales, Mitigación y adaptación de los impactos del cambio climático y la crisis climática y fortalecimiento de la resiliencia frente a desastres naturales.
El Ordenamiento territorial.
Integración y armonización con el trazador presupuestal de campesinado dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 64 de la Constitución Política.
Fomentar programas de incentivos para el retorno de jóvenes al campo, que en todo caso incluirá programas de prácticas y pasantías agrarias.
Fortalecer las capacidades productivas agrícolas de cada región de acuerdo a sus factores culturales y regionales.
Garantizar la participación reforzada del campesinado y directa en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Metas contenidas en los objetivos de desarrollo sostenible.
Fortalecer la infraestructura de las plazas de mercado municipales para garantizar la adecuada comercialización de bienes y productos agropecuarios, en condiciones de libre competencia, salubridad optimas y con prácticas ambientalmente sostenibles.
Priorizar el derecho a la educación, en todos los niveles de formación educativa, dotando a las instituciones educativas de condiciones dignas y favorables para una debida prestación del servicio.
El Gobierno nacional, en el marco de la creación y redacción de la política pública de bienes y servicios públicos rurales, se asegurará que esta se encuentre en constante articulación con las demás políticas públicas e instrumentos de planeación, tales como el Plan Decenal de Educación, el Plan Decenal de Salud Pública, de Cultura, así como los demás programas sobre bienes y servicios públicos rurales y, en especial, con los bienes y servicios que sean desarrollados mediante los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.
La política pública que se expida en cumplimiento de la presente ley deberá contar con indicadores medibles y mecanismos de monitoreo y evaluación, con el fin de identificar las áreas que requieran ajustes a largo plazo y lograr alcanzar los objetivos de la política.
Para los lineamientos de la Política Pública de Bienes y Servicios Públicos Rurales se tendrá en cuenta la oferta de todas las Entidades del Estado que oferten bienes y servicios a favor de la población rural, respetando la disponibilidad presupuestal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Actualización del PECTIA